Francia prepara campos de concentración para internar a los apestados de cualquier clase.

 

 

El gobierno francés ha presentado un proyecto de ley de pandemias ante la Asamblea Nacional que confirma un postulado fundamental de la historia: toda pandemia trae consigo un estado de guerra. A su vez, el estado de guerra trae campos de concentración para encerrar a los disidentes e insumisos.

En esta pandemia los campos de concentración empezaron en Australia, Canadá y Nueva Zelanda. Ahora la experiencia se quiere extender a otros países y se quiere normalizar para evitar el confuso espectáculo de restricciones sanitarias, toques de queda, pasaportes de vacunas, confinamientos…

En Francia el proyecto de ley 3714, presentado el martes, impone un régimen permanente de gestión de las emergencias sanitarias. Se llama “carta blanca” o “patente de corso”. La salud ha acabado siendo un pretexto para liquidar los derechos y libertades fundamentales.

En el cuadro de Delacroix, la libertad guiaba al pueblo. Ahora dicen que la libertad está sobrevalorada, o que es burguesa. Antes los revolucionarios gritaban “¡Libertad o muerte!”. Ahora algunos sólo se cuidan de su salud; tienen miedo a la muerte.

El gobierno quiere que el proyecto se tratamite por la vía rápida, limitando el estorbo de los debates parlamentarios, que a veces atraen la atención de la población hacia cuestiones inconvenientes, como ésta.

El texto se ha estado preparando durante mucho tiempo. El gobierno lleva un año y medio pidiendo poderes excepcionales para afrontar la “crisis” porque, en medio de la histeria creada, el viento es favorable para introducir este tipo de leyes.

Si el gobierno pretende normalizar la ley marcial con pretextos sanitarios es porque la maniobra ha salido perfecta en casi todos los países. La reacción popular ha comenzado muy tarde y aún no tiene la amplitud necesaria para hacer retroceder los planes establecidos y otros peores que tienen en cartera. Por lo tanto, en el futuro seguirá habiendo pandemia y pretextos parecidos para domesticar a amplios sectores de la población y mantenerlos encerrados (en sus casas o en campos de concentración).

Incluso en países, como España, los seudoprogres han aplaudido con las orejas medidas atroces como el internamiento de 300 jóvenes en Mallorca sin ningún tipo de motivo, un crimen que no deberemos olvidar en lo sucesivo, porque indica el grado de complicidad alcanzado.

En Francia el gobierno podrá imponer el “estado de crisis sanitaria” y, por decreto, las libertades quedan en suspenso hasta que el gobierno quiera. El Ministro de Sanidad puede ordenar “la colocación y el mantenimiento en aislamiento de las personas afectadas o contaminadas”, o susceptibles de estarlo.

Pero eso no es todo. El Primer Ministro tiene las siguientes facultades:

  1. Puede prohibir la circulación de personas y vehículos y regular el acceso y las condiciones de uso de los medios de transporte
  2. Puede prohibir que las personas salgan de sus domicilios
  3. Puede ordenar el cierre temporal y regular la apertura, incluidas las condiciones de acceso y presencia, de una o varias categorías de establecimientos abiertos al público, así como de lugares de reunión, garantizando el acceso de las personas a los bienes y servicios esenciales
  4. Puede prohibir las reuniones en la vía pública o en un lugar abierto al público, así como las reuniones de cualquier tipo
  5. Puede adoptar cualquier otra medida que limite la libertad de empresa
  6. Puede supeditar la circulación de las personas, su acceso a los medios de transporte o a determinados lugares, así como el ejercicio de determinadas actividades, a la presentación de los resultados de una prueba de detección que establezca que la persona no está afectada o contaminada, o a la realización de un tratamiento preventivo, incluida la administración de una vacuna, o de un tratamiento curativo.

El artículo L 3131-12 del Código de Salud Pública especifica el régimen de “colocación” de las personas, una medida que puede tener lugar, a elección de los interesados, “en su domicilio o en un alojamiento adecuado”.

El gobierno también se arroga el derecho de confinar a las personas “susceptibles de estar contaminadas” en un alojamiento durante quince días sin que consultar a los jueces. No puede quedar más claro que los parlamentos ya no pintan nada y los jueces tampoco.

En cuanto a la prensa, es bien sabido que publica al dictado de lo que le dicen sus amos de las finanzas.

Sólo nos quedan las calles.

 

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