¿Está España al borde de la quiebra nacional?

Hasta que la deuda nos separe

España no sólo es uno de los países europeos en los que se ha implantado con éxito la histeria covid, sino también el quinto país más endeudado del mundo. La quiebra del Estado parece estar a la vuelta de la esquina. Por ello el gobierno socialista de izquierdas aprueba una ley que permite las expropiaciones de la propiedad privada y el «corralito».

Este último punto significa que el Estado puede acceder a los ahorros que los ciudadanos tienen en sus cuentas bancarias. En estas «situaciones de crisis», el ciudadano sólo podrá retirar pequeñas cantidades. El resto del dinero podría ser confiscado «temporalmente». El importe máximo lo determinaría la autoridad del país en cuestión, explicó la web «La Información» en marzo de 2021.

En ese momento, la web seguía afirmando que esto sólo se aplicaría a las sumas superiores a 100.000 euros. Pero eso es agua pasada: El 26 de mayo de 2022, el Gobierno socialista de izquierdas de Pedro Sánchez anunció que el fisco podría confiscar a partir de ahora todos los ahorros que superen el salario mínimo.

De la noche a la mañana podría ordenarse un «corralito», como ya se ha hecho en Argentina, Chipre, Grecia o recientemente en Sri Lanka, advertía la semana pasada el abogado español Aitor Guisasola.

No es una exageración

¿Está exagerando el abogado en su valoración? No necesariamente, porque el gasto público español es extremadamente alto y la inflación aumenta tan rápido como la deuda nacional.

En mayo de 2021, el periódico financiero «El Economista» ya informaba de que la deuda pública española había alcanzado el 125,3% del PIB, un máximo no visto desde 1881.

No es de extrañar que la situación se haya deteriorado aún más. El 17 de mayo de 2022, la deuda nacional había alcanzado en marzo el nivel más alto de su historia: 1,45 billones de euros.

«España está acabada», dijo Guisasola. La posibilidad de evitar la quiebra nacional es ahora casi imposible, dijo.

La estadounidense Janus Capital Group y la británica Henderson Global Investor, concluyen que España es uno de los países cuya deuda pública ha aumentado más en los últimos años.

De hecho, la deuda pública española ha aumentado un 347% desde 1995, tres veces más rápido que su producto interior bruto (PIB). Henderson señaló que España es el cuarto país más endeudado del mundo y que sólo el año 2020 era comparable a ocho años de endeudamiento.

«En relación con el tamaño de la economía mundial, los niveles de deuda han tocado techo (…) Es increíble que más de la mitad de los nuevos Bonos públicos en 2020 se hayan financiado con liquidez de nueva creación de los bancos centrales.» Si los inversores extranjeros abandonan el barco en España y los tipos de cambio caen, el país puede caer rápidamente en una crisis de deuda y quebrar.

En caso de quiebra, un gobierno en una situación tan precaria tendría que iniciar la refinanciación con nueva deuda pública. Sin embargo, el Banco Central Europeo ya anunció en marzo de este año que no compraría más deuda. Además, los tipos de interés ya han aumentado.

Esto significa que la refinanciación será aún más cara y que habrá que aumentar aún más los impuestos, dijo Guisasola. Pero haga lo que haga el gobierno, el país no puede gestionar la deuda pública que ya ha acumulado.

La ley de expropiación está en marcha

Por ello, Guisasola da por hecho que el Gobierno acabará declarando la quiebra nacional. Y para acceder a la propiedad privada y a los bienes de los ciudadanos, el Gobierno está impulsando actualmente una reforma de la Ley de Seguridad Nacional (Ley 36/2015).

Ésta aún no ha sido aprobada definitivamente, pero el abogado está convencido de que lo hará pronto, ya que el proyecto ha sido aprobado en el Congreso con los votos del PSOE y de partidos de la oposición como el PP o incluso el partido populista de derechas VOX.

El hecho de que la quiebra del Estado sea un objetivo declarado de los responsables políticos, también se demuestra actualmente por el hecho de que Sánchez y sus partidarios están impulsando aún más el gasto público para justificar las expropiaciones y el «corralito».

El 24 de mayo de 2022, El País informó de que el Gobierno había publicado una «oferta récord» de empleo público, con 44.788 puestos disponibles en los Ministerios,  Justicia, la policía y el ejército.

«Cuantos más funcionarios contraten, más apoyo tendrán para aplicar sus planes«, dijo Guisasola.

¿Y cómo se toman las masas esta evolución? Como la mayoría de ellas son incapaces de ver a través del telón de fondo de la «pandemia» escenificada, no tienen ni idea de lo que está pasando en los pasillos del poder. La gente piensa que la reforma de la Ley de Seguridad Nacional sólo tiene que ver con cambios relacionados con una ‘crisis sanitaria'», afirmó Guisasola.

Pero el artículo 28 del proyecto establece claramente que la expropiación y la confiscación de la propiedad privada pueden aplicarse a cualquier problema de «interés nacional».

Además de la seguridad sanitaria, incluye la seguridad económica y financiera, la ciberseguridad, la seguridad marítima, la seguridad aeroespacial o la seguridad medioambiental.

aubedigitale

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