La turba nación.

Explicábamos en un artículo anterior que la extraviada ira social que se desató tras hacerse pública la sentencia de «la Manada» era muy típica de las sociedades desnortadas que ponen tronos a las causas y cadalsos a las consecuencias. Este paroxismo de ira extraviada fue aprovechado por los pescadores en río revuelto, que de inmediato lanzaron su órdago ideológico: aquella sentencia era el fruto de una justicia «patriarcal» que debía corregirse con «perspectiva de género».

No entraremos aquí a diseccionar los graves errores antropológicos que esta «perspectiva» sustenta; errores que –como es propio de una época desnortada–, alimentan las causas de la violencia sexual, para luego perseguir furiosamente sus consecuencias. Nos interesa más señalar hoy lo que tal «perspectiva» demanda a los jueces. En las manifestaciones coléricas que se convocaron a raíz de la publicación de la sentencia se repetía siempre el mismo lema: «Yo sí te creo». O sea, se reclamaba que los jueces sean personas de fe; lo cual no deja de tener su gracia chusca, en una época tan escéptica como la nuestra. La labor de los jueces, según este peculiar entendimiento «perspectivista» de la administración de justicia, no consistiría en establecer mediante método probatorio unos hechos, para determinar a continuación si son constitutivos de delito, sino en construir mediante un acto de fe unos hechos, para luego poder aplicarles el tipo penal que convenga. Pero ese «Yo sí te creo» que se repetía en las manifestaciones, pese a la inclusión del pronombre de segunda persona, no expresaba fe en la declaración de la víctima de «la Manada», a quien a fin de cuentas los manifestantes no conocían de nada (no sabiendo, por lo tanto, si es persona digna de confianza), sino fe… en su «condición de mujer», o en la existencia de un «heteropatriarcado opresor», o en cualquier otra construcción ideológica. A juicio de los defensores de esta «perspectiva de género», la fe ideológica debe imponerse sobre los hechos, moldeándolos a su conveniencia y capricho; y la administración de justicia debe convertirse en una especie de brazo punitivo de dicha fe.

Todos los intentos que en el mundo han sido de corromper y desvirtuar la administración de justicia han seguido el mismo manual de instrucciones: se trata de auspiciar la anarquía por abajo, para que pueda imponerse la arbitrariedad por arriba, según interesa a los demagogos. Así se han constituido, por ejemplo, los llamados tribunales populares, que en todos los crepúsculos de la Historia los demagogos más inicuos han utilizado como coartada para llevar a cabo sus designios. En este sentido, el repugnante comentario que el ministro Catalá hizo sobre el juez del voto particular, atribuyéndole un «problema singular», favorece las pretensiones de los demagogos; y lo hace indigno del alto cargo que ostenta (u ostentaba, pues quien hace comentarios así ya no ostenta cargos, sino que los detenta). El voto particular de ese juez tal vez sea muy discutible, aunque desde luego menos que la extraviada ira de las turbas; y muchísimo menos que las «perspectivas» de los pescadores en río revuelto, que quieren convertir a los jueces en jenízaros de su fe ideológica. El comentario de Catalá, amén de gravemente imprudente (y la prudencia es la virtud política por excelencia) e indecente (por deslizar insinuaciones viles contra un hombre que ha sido expuesto al furor de las turbas), es muy expresivo del mal gobernante, dispuesto a entregar la justicia a la pitanza de intereses ideológicos espurios, dispuesto a halagar a los demagogos con tal de asegurar su poltrona. Este es el auténtico y singular problema que nos amenaza.

 

ABC Juan Manuel de Prada

 

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