La maniobra del régimen del 78 para reformar la Constitución.

Fernando Paz

La desaparición del Estado en muchas autonomías ha eliminado España del horizonte de muchos millones de españoles.

La situación desatada en Cataluña por los independentistas ha abocado a España a un difícil trance, en el que lo que está en juego no es una u otra forma de organizar la representación política, sino la existencia misma del país. En la edad contemporánea, nunca como ahora hubo un desafío tan generalizado a la unidad de la nación.

El elefante en el salón.

Aunque el detonante haya sido una crisis económica sin precedentes, que ha precarizado la vida de los españoles hasta extremos poco antes inimaginables, el cuestionamiento de la unidad de España está siendo posible gracias a las cuatro últimas décadas de intoxicación nacionalista en la educación y los medios de comunicación.

Mientras en Cataluña media sociedad se alinea contra la otra media, en el País Vasco hasta el 59% aboga por una consulta que sirva para “definir” el marco de las relaciones entre su territorio y el Estado. La cifra ha disminuido, de acuerdo al Sociómetro Vasco – elaborado por el Servicio de Prospección Sociológica de la Presidencia vasca – pero sigue siendo preocupante; sólo un 24% está en contra del “derecho a decidir” en todos los casos. Es decir, que apenas uno de cada cuatro vascos apoya sin reservas la unidad de España. Unos datos que deberían llevar a la reflexión a una clase política responsable.

Si no se produce una enmienda radical en el ámbito educativo, como primera providencia, y se continúa ignorado la batalla cultural, el problema se enquistará, como poco, y probablemente hiberne en espera del momento propicio. Para la sociedad y la política españolas el separatismo ha constituido lo que los estadounidenses llaman “el elefante en el salón”: un asunto de cuya magnitud todo el mundo es consciente pero que nadie quiere abordar, y cuya resolución se aplaza una y otra vez.

Pero ahora, el tiempo de los aplazamientos ha llegado a su fin. Aunque durante un par de décadas, Europa pareció la solución, hoy ya nadie se hace ilusiones.

La globalización alimenta el nacionalismo.

El nacionalismo no ha decrecido en la era de la globalización; por el contrario, la promoción del cosmopolitismo parece haber insuflado vida al nacionalismo más particularista.

Las causas son, sin duda, muchas y variadas, pero una de las más importantes es la complementariedad de uno y otro proceso: tanto el nacionalismo como la globalización persiguen la destrucción de los estados-nación. En esa tarea, las agencias mundialistas y las instituciones transnacionales han efectuado una eficaz labor durante estos últimos años.

El discurso globalista ha contribuido a la desaparición de la dimensión nacional en muchos países europeos: en España, el proyecto de unión europea ha sido el argumento más eficaz que han encontrado los gobiernos del régimen del 78 para paralizar las aspiraciones separatistas. Sin embargo, el haber entregado a las oligarquías locales la hegemonía cultural ha dado por resultado que, ausente el Estado, la construcción de una nación propia haya sido el único proyecto de trascendencia social una vez que la Unión parece tambalearse.

¿Federalismo?

Por otro lado, la encuesta de NC Report recientemente realizada para La Razón ofrece la visión de la botella medio llena. En materia territorial, una amplia mayoría de españoles se opone a un estado federal (solo un 27.7% lo apoya), e incluso un 30.7% es partidario de retornar competencias al Estado desde las comunidades autónomas, mientras un 37% dejaría las cosas como están.

Así, pues, la idea del Estado federal, impulsada por el PSOE de Sánchez, no parece encontrar acogida entre el electorado. A tenor de las cifras, ni siquiera del suyo. Y es que la propuesta socialista es un disparate que -y esto es lo peor de todo – pone de relieve una lamentable ignorancia.

El diseño constitucional autonómico se hizo pensando fundamentalmente en Cataluña y, en todo caso, en el País Vasco; es decir, en aquellas regiones en las que existía un problema separatista histórico, al que se aspiró a reconducir mediante una equivocada política de concesiones. El error fue completo, en primer lugar, por cuanto las concesiones, lejos de aplacar a los separatistas, les abrieron el apetito; y en segundo lugar, porque a lo que aspiraban los nacionalistas era a un reconocimiento de su singularidad, lo que excluía que las competencias que reclamaban para sí fueran extensivas al conjunto del territorio nacional.

Lo que ahora propone Pedro Sánchez refleja la escasa capacidad de la clase política española para sacar las consecuencias de los errores cometidos.

Los españoles, en contra.

Esta pasada semana, el lendakari Urkullu recalcaba la importancia de que la reforma constitucional que se vaya a hacer reconozca la singularidad de algunos territorios, y que no se caiga en el error del café para todos. Es una clara advertencia para el que quiera escuchar.

Sin embargo, la encuesta de NC Report arroja unos resultados poco halagüeños de cara a la reforma constitucional en ciernes: casi el 67% de los españoles se opone a un trato exclusivista a Cataluña y País Vasco (o a cualesquiera otras regiones). En el extremo opuesto, apenas un 11% es favorable a que se celebren consultas de autodeterminación, aunque las cifras están muy desigualmente repartidas en el conjunto de España.

Lo acaecido en Cataluña desde hace unos meses, seguramente ha predispuesto a una mayoría de españoles en contra de una política de apaciguamiento con las autonomías más particularistas. La sensación generalizada es que un gran número de españoles se ha hartado del insufrible narcisismo nacionalista, y no parece dispuesto a transigir con una reforma que atente contra la igualdad de todos los ciudadanos.

Nacionalismo, aunque sea el del vecino.

La desaparición del Estado en muchas autonomías (el recurso argumental de que las autonomías son Estado no sirve a estos efectos, puesto que incluso administrativamente se distingue entre el Estado central y la burocracia autonómica) ha eliminado España del horizonte de muchos millones de españoles. Si a eso le sumamos la creciente endogamia comunicativa, el reforzamiento de las oligarquías locales y la ausencia de un discurso y de una práctica nacional, el desastre está servido. La carencia de proyecto nacional la retrata perfectamente la frase de Rajoy en la que describe el tiempo que el Estado puede asegurar el mantenimiento de la unidad nacional: “mientras yo sea presidente”. No hay imagen más lograda de la fragilidad y precariedad del Estado que esta confesión de un presidente de gobierno.

Precisamente la deserción del Estado, ha llevado a que se adopte el nacionalismo del vecino allá donde el propio no es posible. Así, en Navarra, lleva tiempo en el gobierno una coalición separatista que resulta ser una versión radical del nacionalismo vasco, cuyo objetivo ideológico es la euskaldunización del territorio y que, además de apoyar los planes para la inmersión en vascuence o euskera con ingentes partidas presupuestarias, pese a que solo un 12% de los navarros tiene dicho idioma como primera lengua, acaba de imponer el euskera en la administración local, discriminando a los funcionarios que no sepan esa lengua, al tiempo que impone la euskaldunización de los topónimos de la Comunidad Navarra.

La situación en la Comunidad Valenciana y Baleares no es mucho mejor. De hecho, con motivo del golpe de Estado perpetrado por los independentistas en Cataluña, se ha puesto de relieve la algo más que incipiente penetración de los catalanistas en ambas regiones; los enfrentamientos en las calles de las principales ciudades no se han hecho esperar. Y es que el escaso apoyo, en origen, de los catalanistas en ambas comunidades se ha visto incrementando gracias a los planes educativos y al apoyo de la extrema izquierda, siempre atenta a todo lo que sea erosionar la unidad de España.

La misma izquierda radical que, en torno a Diego Cañamero y a Juan Manuel Sánchez Gordillo , y apoyada por la autodenominada Asamblea Nacional Andaluza, impulsa un fantasmagórico proyecto independentista andaluz que deliran extendiéndose por Murcia, el Algarve portugués y el norte de Marruecos.

El deterioro de la nación a manos del Estado de las autonomías alcanza la categoría de estrambote bufo en el caso de las reivindicaciones galleguistas sobre el Bierzo y la Alta Sanabria, si hoy risibles, quién sabe mañana.

Una cuestión también educativa.

No es casual el que en muchas regiones españolas se esté abriendo paso la idea secesionista. El manejo propagandístico del nacionalismo ha sido muy efectivo, en gran parte debido a que opera sobre un par de generaciones educadas en un fundamentalismo democrático que puede resumirse en que cualquier sandez resulta aceptable si es democrática. En tales condiciones, el “derecho a decidir” suena a música celestial; si a eso le sumamos el que igualmente hayan sido educados en un supuesto derecho a satisfacer la última de sus superfluidades a costa de – literalmente- lo que sea, el drama está servido.

Se entiende que, para quien ha sido educado en la convicción de que existe un derecho a escoger la propia naturaleza a capricho, en que ser hombres o mujeres -o, eventualmente, cualquier otra condición – resulta tan solo un acto de la voluntad, sea difícil comprender por qué se ha de ver privado de elegir cuál es su nacionalidad o de adoptar una novedosa que jamás haya existido antes.

El que la emotividad haya sustituido a la razón significa que lo esencial no es cómo sean las cosas, sino cómo se perciban. De ahí la extrema importancia de controlar la educación y los medios. Y en ese aspecto, los nacionalistas llevan décadas de adelanto.

La evolución de la política española en los últimos cuarenta años muestra cómo, para crecer, el régimen siempre ha necesitado de la mengua de la nación. La absolutamente insuficiente respuesta de un pálido y fofo constitucionalismo al nacionalismo localista, ha quedado en evidencia ante la masiva movilización patriótica de los españoles, que han mostrado una acaso insospechada vitalidad nacional.

La reforma constitucional que se avecina es un intento de prolongar el régimen mortecino del 78 a costa de la nación, a través de una maniobra gatopardiana en la que todo cambia para que todo siga igual. Y que la misma oligarquía continúe manejando los hilos, en Madrid y en Barcelona.

Ese es el plan.

Fuente.

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